miércoles, 23 septiembre 2026

Durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Islamic Relief se ha unido a otras 20 organizaciones de base religiosa para pedir a los gobiernos que protejan los derechos de las personas desplazadas y respeten la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que este año celebra su 75.º aniversario.

Como organizaciones de base religiosa, nos preocupa profundamente la persistencia de las violaciones de derechos humanos que sufren las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas desplazadas por la fuerza.

En todo el mundo, las personas que huyen de la persecución encuentran obstáculos para acceder a protección, se les niega el derecho a solicitar asilo, son sometidas a devolución a lugares donde su vida o su libertad pueden estar en peligro, detenidas de forma arbitraria, separadas de sus familias y expuestas a la explotación y los abusos.

Al mismo tiempo, el aumento de la militarización y del gasto militar no está haciendo que el mundo sea más pacífico, sino que está desviando recursos que podrían destinarse a proteger los derechos humanos, prevenir los desplazamientos y apoyar soluciones duraderas para las personas que se han visto obligadas a huir.

Ya sea que hayan cruzado una frontera internacional o se hayan visto desplazadas dentro de su propio país, y hayan sido reconocidas como refugiadas o continúen buscando protección, todas las personas tienen derechos humanos por el mero hecho de serlo. Los derechos humanos son inherentes e irrenunciables y se fundamentan en la dignidad de toda persona; no dependen de la nacionalidad, la situación jurídica ni del lugar en el que se encuentre.

La Carta de las Naciones Unidas reconoce el respeto de los derechos humanos como un elemento esencial para la paz y la seguridad. Los derechos humanos no solo protegen a las personas, sino que también crean las condiciones necesarias para construir sociedades pacíficas y fomentar la cooperación internacional. La protección de las personas refugiadas, basada en el derecho internacional y respaldada por una acción multilateral basada en principios, protege los derechos de quienes se han visto obligados a huir de la violencia y la persecución, al tiempo que promueve una responsabilidad compartida entre los Estados.

El sistema internacional de protección de las personas refugiadas, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como el marco más amplio del derecho internacional de los derechos humanos, se fundamenta en principios cuyas raíces se encuentran a lo largo de la historia. En las principales culturas y tradiciones religiosas, desde el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el islam y el cristianismo hasta las tradiciones filosóficas de la antigua Babilonia, China, India, Roma, la Grecia clásica y otras; encontramos principios éticos compartidos sobre cómo debemos tratarnos unos a otros, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, han sido desplazados o buscan refugio.

Estos principios reflejan valores perdurables como la dignidad humana, la compasión, la hospitalidad y la solidaridad, que posteriormente encontraron su expresión en el marco contemporáneo de los derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas.

Rechazar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo supondría, por tanto, rechazar no solo el marco jurídico internacional establecido tras devastadores conflictos, sino también nuestros fundamentos morales compartidos y nuestra humanidad común. Las organizaciones de base religiosa que acompañan cada día a comunidades desplazadas son testigo de cómo el debilitamiento de los sistemas de protección y el menoscabo de los derechos humanos conducen inevitablemente a un mayor sufrimiento, inseguridad y pérdida de vidas.

En este año en que se cumple el 75.º aniversario, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de base religiosa para que se sumen a nuestro compromiso de defender la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y pedimos a todos los Estados que reafirmen su compromiso con la Convención y con otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Garantizar que la dignidad, la solidaridad, la protección y la responsabilidad compartida sigan ocupando un lugar central en las respuestas al desplazamiento forzado es esencial para defender los derechos de las personas refugiadas y avanzar hacia un mundo más justo, pacífico y humano.

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