Al frente de la conferencia, Jamie Williams, asesor sénior de políticas sobre reducción de la pobreza de Islamic Relief, vela por las medidas que garantizen una transición justa de los combustibles fósiles.
Del 24 al 29 de abril de 2026, los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades afectadas por el cambio climático se reunirán en Santa Marta, Colombia, para celebrar la primera Conferencia global sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles. Este es un momento clave para las comunidades con las que trabaja Islamic Relief en todo el mundo: las personas que ya se enfrentan al hambre, el desplazamiento y la pérdida de recursos a medida que la crisis climática empeora.
Una transición justa requiere algo más que grandes promesas. Detener la producción de combustibles fósiles y su expansión es esencial para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 °C y frenar los efectos que esta tiene sobre las personas que viven en situación de pobreza. Los nuevos proyectos centrados en los combustibles fósiles contribuyen a las emisiones, retrasan la transición a la energía limpia y agravan el impacto del cambio climático que afecta a los más pobres. A su vez, estos proyectos no facilitan el acceso a la energía o reducen su coste.
Poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles se ha convertido en una cuestión de urgencia. Cada año, más de 800 billones de dólares en todo el mundo se destinan al uso de combustibles fósiles. Estos subsidios aumentan la desigualdad y desestabilizan el mercado energético, ralentizando las inversiones en energía renovable y eficiencia energética. La financiación pública de la energía limpia, los servicios públicos y el apoyo destinado a las comunidades vulnerables es vital para una transición justa y rápida.
La justicia climática también debe abordar las barreras financieras a las que se enfrentan los países de bajos ingresos. El sobreendeudamiento fuerza a muchos países a una situación de dependencia energética en los combustibles fósiles, obligándolos a priorizar los reembolsos sobre la inversión en energía limpia, adaptación y servicios esenciales. Es fundamental aplicar la cancelación de deudas para poder reformar del sistema financiero internacional, lo que permitirá llevar a cabo una acción climática que evite el impacto en las zonas más afectadas por la pobreza.
Por último, deben desmantelarse los mecanismos perjudiciales como el «Arbitraje de diferencias inversor-estado». Estos sistemas permiten que las empresas eludan las políticas climáticas y menoscaben las decisiones democráticas, lo que supone un riesgo a las personas y los recursos públicos.
La Conferencia de Santa Marta marcará un punto de inflexión. Los gobiernos deben comprometerse a una transición hacia un futuro movido por la energía limpia y consolidado en la justicia, la solidaridad y la dignidad para todos.
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