Comunicado conjunto de ONG
La intensificación de los combates en toda la gobernación de Taiz está interrumpiendo las principales carreteras, restringiendo los desplazamientos de la población civil y poniendo en peligro el acceso a alimentos, agua, atención sanitaria y ayuda humanitaria.
Las familias que llevan años soportando el conflicto armado, las dificultades económicas y el acceso limitado a servicios esenciales se enfrentan ahora a nuevas amenazas para su seguridad y sus medios de vida. Desde principios de septiembre, la reanudación de los combates en la costa occidental ha obligado a un gran número de personas a huir, aumentando la presión sobre las familias desplazadas y las comunidades de acogida.
El coste humano ya es grave. En su comunicado del 25 de septiembre, UNICEF informó de que, en todo Yemen, había verificado al menos 15 niños muertos y otros 14 heridos desde el 3 de septiembre. Además, se había informado de la desaparición de otros tres niños. Estas cifras corresponden al conjunto del país y no al número de víctimas en Taiz. Todas las partes deben proteger a la población civil y garantizar que las personas heridas puedan recibir atención médica de forma segura y sin demora.
En su actualización del 7 de octubre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que 201.217 personas habían sido desplazadas en Yemen desde el inicio de la escalada del conflicto en junio de 2026, y que casi todas habían huido desde el 1 de septiembre. Según los datos de su Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, 114.708 personas se encontraban acogidas en la gobernación de Taiz, lo que representa el 57 % de las personas registradas en esta reciente ola de desplazamientos. Esta llegada masiva está aumentando la presión sobre las comunidades de acogida y unos servicios que ya tienen dificultades para atender las necesidades existentes.
El aumento de los precios dificulta cada vez más el acceso a los alimentos. En un informe del 9 de octubre, Al Jazeera Arabic citó al director de la oficina de estadística de Taiz, quien señaló que el precio de las patatas se había duplicado en cuatro días, pasando de 1.000 a 2.000 riales yemeníes por kilogramo, mientras que el de la harina había aumentado un 50 %, de 38.000 a 57.000 riales. La escasez de gas para cocinar y el encarecimiento del combustible agravan aún más la situación. Para las familias con ingresos escasos o inexistentes, estas subidas se traducen en menos comidas y menos dinero para cubrir otras necesidades básicas.
«Solo puedo comprar pan por valor de 500 riales yemeníes, y ni siquiera es suficiente para todos nosotros», explica una madre desplazada con cuatro hijos. «Reparto el pan entre mis hijos y me quedo sin comer.»
La inseguridad y las dificultades de acceso a las carreteras están interrumpiendo el transporte de suministros comerciales. Según informaciones locales, se están produciendo escasez de alimentos, gas para cocinar y combustible, lo que contribuye al aumento de los precios y a una menor disponibilidad de productos en los mercados. Mantener abiertas las rutas para el transporte de bienes esenciales es fundamental para evitar un mayor deterioro de la seguridad alimentaria.
Los servicios sanitarios también están sometidos a una enorme presión. Según informaciones procedentes de Taiz, las reservas de medicamentos esenciales, material sanitario y combustible se encuentran en niveles críticos. Esta situación amenaza la atención de urgencias, las intervenciones quirúrgicas, los cuidados intensivos, la diálisis y los servicios neonatales. Sin un reabastecimiento a tiempo, los pacientes, las personas heridas, las mujeres embarazadas y los recién nacidos se enfrentan a graves riesgos. Asimismo, la población residente y las familias desplazadas necesitan un acceso fiable a agua potable y servicios de saneamiento para reducir el riesgo de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.
Los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a los servicios. Las mujeres y las niñas necesitan seguir teniendo acceso a la atención sanitaria, espacios seguros y servicios de protección, incluido el apoyo a las supervivientes de la violencia de género. Las mujeres embarazadas y las madres lactantes necesitan atención materna ininterrumpida, alimentos suficientes y agua potable, también durante el desplazamiento.
La inseguridad y las restricciones a la movilidad dificultan que los equipos humanitarios y las organizaciones locales colaboradoras lleguen a las comunidades, evalúen sus necesidades y distribuyan ayuda de forma segura. Las condiciones varían según la zona y pueden cambiar rápidamente. Las restricciones a las evaluaciones también generan lagunas de información sobre las necesidades, por lo que las cifras disponibles podrían no reflejar la magnitud real de la crisis. Garantizar un acceso seguro y sostenido es esencial para que las organizaciones puedan responder en la medida necesaria.