miércoles, 13 agosto 2025

Gaza: Israel amenaza con prohibir las principales organizaciones de ayuda humanitaria mientras se agrava la hambruna

A pesar de las afirmaciones de las autoridades israelíes de que no existen restricciones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, la mayoría de las principales ONG internacionales no han logrado entregar ni un solo camióncon suministros vitales desde el 2 de marzo

Lejos de resolver el creciente retraso en la entrega de mercancías, Israel ha rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir productos esenciales, alegando que dichas organizaciones «no están autorizadas a entregar ayuda». Solo en julio, se denegaron más de 60 solicitudes con esta justificación.

Esta obstrucción mantiene retenidos en almacenes de Jordania y Egipto millones de dólares en alimentos, medicinas, agua y refugio, mientras la población palestina pasa hambre.

«Anera tiene más de 7 millones de dólares en suministros vitales bloqueados para entrar en Gaza, incluidos 744 palés de arroz, suficientes para seis millones de comidas, retenidos en Ashdod, a pocos kilómetros», afirmó Sean Carroll, presidente de Anera.

Muchas ONG afectadas han trabajado en Gaza durante décadas, con plena confianza comunitaria y experiencia en la entrega segura de ayuda. Su exclusión ha dejado a los hospitales sin insumos básicos, a niños, ancianos y personas con discapacidad muriendo de hambre y enfermedades prevenibles, y a los trabajadores humanitariosdesempeñando su labor con hambre.

La obstrucción se vincula con las nuevas normas de registro para ONG internacionales, introducidas en marzo. Según estas reglas, puede negarse el registro por motivos vagos y politizados, como una supuesta «deslegitimación» del Estado de Israel.

Las ONG advierten que este proceso busca controlar organizaciones independientes, silenciar la defensa de derechos y censurar los informes humanitarios. Estas medidas violan el derecho internacional y consolidan el control de Israel sobre el territorio palestino ocupado.

A menos que cumplan con todos los requisitos de registro –incluidos datos de donantes privados, listas del personal palestino y otra información sensible para una supuesta «verificación de seguridad»– muchas ONG podrían verse obligadas a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en un plazo de 60 días. A algunas se les ha dado incluso un ultimátum de siete días.

Las ONG han dejado claro que compartir esa información es ilegal, inseguro y contrario a los principios humanitarios. En el contexto más mortífero para trabajadores humanitarios –con el 98% de las víctimas palestinas–, no existen garantías de que estos datos no pongan a su personal en mayor peligro o sean usados con fines militares y políticos.

Hoy, sus temores se han hecho realidad: el sistema de registro se utiliza activamente para bloquear la ayuda y negar alimentos y medicinas en medio de un escenario de hambruna extrema.

«Desde el bloqueo total del 2 de marzo, CARE no ha podido entregar ninguno de sus suministros, por valor de 1,5 millones de dólares», afirmó Jolien Veldwijk, directora nacional. «Esto incluye alimentos, kits médicos e higiene, y productos maternoinfantiles. Sin registro, los civiles quedan sin protección ni insumos básicos».

«Oxfam tiene más de 2,5 millones de dólares en mercancías bloqueadas, especialmente agua, saneamiento e higiene, además de alimentos», añadió Bushra Khalidi. «Este registro amenaza la independencia y la libertad de expresión de las ONG internacionales».

Estas restricciones son parte de una estrategia más amplia que incluye el plan «GHF», un mecanismo de distribución militarizado promovido como solución humanitaria. En realidad, es una herramienta de control letal, con al menos 859 palestinos asesinados cerca de los centros GHF desde su creación.

«El hambre se ha convertido en un arma. Las distribuciones en los centros GHF han provocado violencia extrema y asesinatos, incluso de mujeres y niños», afirma Aitor Zabalgogeazkoa, de MSF.

El objetivo del plan GHF y del registro de ONG es bloquear la ayuda imparcial, excluir actores palestinos y reemplazar a las ONG confiables por mecanismos subordinados a intereses militares. Esto sucede mientras Israel profundiza su ocupación en Gaza, en un intento por borrar la presencia palestina.

«La única respuesta humana no es un muelle flotante, ni lanzamientos aéreos, ni el GHF», concluyó Sean Carroll de Anera. «Es abrir todas las fronteras de inmediato, para permitir el paso de miles de camiones, millones de comidas y medicinas que esperan cerca».

Llamamiento a los Estados y donantes

  • Presionar a Israel para que ponga fin al uso de la ayuda como arma, incluyendo las obstrucciones burocráticas.
  • Exigir que las ONG no compartan información personal sensible, en violación del RGPD, ni comprometan la seguridad de su personal.
  • Exigir la apertura inmediata e incondicional de todos los pasos fronterizos terrestres y condiciones adecuadas para entregar ayuda humanitaria vital.

Nota del editor

El territorio palestino ocupado es actualmente el lugar más peligroso del mundo para los trabajadores humanitarios. El 98% de las víctimas eran palestinos, con 509 de los 517 asesinatos registrados entre 2023 y 2025, según la Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios.

  • El 6 de mayo, 55 organizaciones advirtieron que las nuevas medidas de registro impuestas por Israel a las ONG internacionales constituyen una grave amenaza para las operaciones humanitarias y el derecho internacional.

  • El 1 de julio, más de 200 organizaciones exigieron una acción inmediata para detener el letal plan de distribución israelí, incluido el denominado «GHF» en Gaza, volver a los mecanismos de coordinación liderados por la ONU y levantar el bloqueo impuesto por el gobierno israelí a la ayuda y al suministro comercial.

  • El 23 de julio, más de 100 organizaciones alertaron de que, mientras la hambruna masiva se expande por Gaza, nuestros colegas y las personas a las que servimos están consumiéndose.

  • El 29 de julio, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) confirmó que el peor escenario de hambruna se está desarrollando actualmente en la Franja de Gaza.

  • Israel ha negado sistemáticamente que esté restringiendo la entrada de ayuda, incluso durante julio de 2025, periodo en el que se emitió la mayoría de las denegaciones mencionadas en esta declaración.

  • El 31 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) informó que desde el 27 de mayo, al menos 1.373 palestinos han sido asesinados mientras buscaban alimentos: 859 cerca de los centros «GHF» y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por fuerzas israelíes.

  • El 4 de agosto, un enfermero palestino en Gaza murió tras ser impactado por un lanzamiento aéreo.

  • El 5 de agosto, se informó que las autoridades israelíes están planeando la ocupación total de la Franja de Gaza.

  • El 6 de agosto, agencias de la ONU y ONG internacionales advirtieron que, si no se actuaba de inmediato, la mayoría de las ONG podrían ser dadas de baja por Israel en las próximas semanas.

  • Ese mismo día, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (DPA) concluyó que las solicitudes de información exigidas por Israel a través del proceso de registro de ONG internacionales podrían violar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La DPA aconsejó no cumplir con dichas solicitudes y recomendó que Israel modificara sus requisitos y que los ministerios competentes presentaran una protesta formal.

  • El 7 de agosto, Médicos Sin Fronteras (MSF) publicó un informe que describe los centros de distribución de alimentos GHF como «lugares de asesinatos orquestados y deshumanización», y exigió su cierre inmediato.

  • El 10 de agosto, Save the Children informó de la muerte de 100 niños por inanición en Gaza desde octubre de 2023.

  • Finalmente, el 12 de agosto, un grupo de relatores especiales de la ONU en derechos humanos expresó su profunda preocupación en una carta dirigida al gobierno israelí. Advirtieron que las medidas de registro debilitan la independencia e imparcialidad de las ONG, y que la obligación de informar sobre su personal, en el contexto de ocupación, conflicto armado y graves violaciones del derecho internacional, plantea graves riesgos de protección y represalias.

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