La caída de la financiación tras la respuesta a la COVID-19, junto con la priorización progresiva y la “hiperpriorización” del GHO 2025, ya han dejado atrás a millones de personas. La edición del GHO 2026 se ha ajustado aún más. Valoramos la inversión continua en la identificación basada en evidencias de las personas que necesitan asistencia y de aquellas con mayores necesidades, pero advertimos que hemos llegado al límite del análisis de la “gravedad de las necesidades”. Como señaló el Coordinador de Ayuda de Emergencia, “la cruel matemática de hacer menos con menos” obliga a una elección imposible entre quién vive y quién no, y entre “salvar vidas hoy y dar a las personas alguna posibilidad de futuro mañana”.
La pérdida de miles de trabajadores y trabajadoras del sector impacta directamente en las comunidades. Tenemos menos capacidad para coordinar, evaluar y responder a las necesidades. Esto hace aún más crucial la inclusión significativa de actores comunitarios, locales y nacionales; incluidas ONG locales, nacionales e internacionales en los procesos del Ciclo de Programación Humanitaria. Donde el sistema coordinado por el IASC se está retirando, es esencial garantizar que las necesidades sigan siendo identificadas y atendidas. Sin una transferencia adecuada hacia el liderazgo humanitario local, nos preocupan los vacíos en datos y provisión de asistencia. En algunos países, como Nigeria, millones de personas, incluidos niños y niñas, sufren malnutrición.
Aun con una capacidad reducida, sabemos que las necesidades son inaceptablemente altas y continúan creciendo. La disminución de la financiación para el desarrollo, el desarme y la paz, y la falta de medidas para limitar los impactos del cambio climático dejan intactas las causas profundas. De forma alarmante, algunos Estados se están retirando de acuerdos multilaterales, como el Tratado de Ottawa, creados para proteger mejor a la población civil.
Pese al amplio apoyo público a la ayuda en la mayoría de países donantes, algunos responsables políticos ceden ante discursos antiayuda, promoviendo narrativas de “nosotros contra ellos”. Instamos a los donantes a resistir estas narrativas y a financiar plenamente el GHO 2026 con fondos oportunos y de calidad que lleguen lo más directamente posible a las organizaciones locales y nacionales, incluidas las lideradas por mujeres.
En 2025, comunidades de todo el mundo sintieron los efectos de depender en exceso de un número reducido de donantes. El sufrimiento humanitario en cualquier lugar nos concierne a todos. Llamamos a todos los países y a otros actores, incluido el sector privado y las instituciones financieras multilaterales e internacionales, a aportar financiación humanitaria basada en principios y de calidad.
En 2026, el Gran Pacto (Grand Bargain) cumplirá su décimo “aniversario”, con pocos motivos de celebración a la vista del contenido de este GHO. En lugar de avances, estamos presenciando retrocesos en elementos clave de las reformas del sistema con mayor potencial transformador, especialmente en efectivo, localización, calidad de la financiación y centralidad de la igualdad de género.
Quienes formamos parte de la arquitectura humanitaria debemos renovar nuestro compromiso con una reforma real para ser más centrados en las personas, eficientes, ágiles, diversos e inclusivos, y más responsables ante las personas afectadas por las crisis. Impulsados por el imperativo humanitario, este es el momento de reevaluar nuestros roles, priorizar la complementariedad frente a la competencia y replantearnos quién está mejor situado para responder a las necesidades humanitarias.
Esto exige, especialmente a los donantes y también a los intermediarios, cumplir sus compromisos de reforma, priorizando la localización y las alianzas equitativas, la financiación de calidad, el reparto de riesgos, la programación en efectivo con enfoque de género y el liderazgo y la participación locales. Instamos a las agencias de la ONU a no solo incluir a actores locales y nacionales, incluidas organizaciones lideradas por mujeres, personas refugiadas y personas con discapacidad, sino a transferirles realmente poder y recursos. Todos los intermediarios deben reequilibrar su papel entre la implementación directa y el apoyo a organizaciones locales y nacionales.
Los donantes deben adaptarse. Si van a aportar menos recursos, también deben reducir capas innecesarias de intermediación costosa cuando no aporten valor y priorizar a quienes tengan un historial probado de alianzas genuinas y equitativas con actores locales diversos. No basta con exigir mayor eficiencia y rendición de cuentas: los donantes deben situar la eficiencia, la proximidad y la rendición de cuentas ante las personas afectadas en el centro de sus decisiones, y exigir mayor transparencia sobre los flujos de financiación hasta el último socio.
Los donantes deben asumir más riesgos y financiar modalidades probadas y eficientes, como el efectivo, que salvan vidas y restauran la dignidad. No invertir en estas modalidades ya no es aceptable. Más financiación de calidad debe canalizarse a través de fondos mancomunados, incluidos los liderados por ONG. Cualquier aumento de los fondos mancomunados a nivel de país de la ONU debe condicionarse a que entre el 70 % y el 100 % llegue a actores locales y nacionales, con objetivos ambiciosos para organizaciones lideradas por mujeres y con una democratización y simplificación radical de estos fondos.
Es hora de hacer realidad el enfoque de nexo. Coordinar la acción humanitaria, el desarrollo, la paz y el clima, con la inclusión y la igualdad de género en el centro, es esencial para reducir las necesidades. Esto implica pasar a ciclos de planificación plurianuales para crisis prolongadas, con actualizaciones anuales ligeras, y reforzar la acción política para prevenir y poner fin a los conflictos. Se necesita más ayuda oficial al desarrollo, incluida financiación para el desarrollo y la paz, dirigida a contextos frágiles y afectados por conflictos.
Por último, necesitamos acción política para defender firmemente las normas y valores humanitarios. Acogemos con satisfacción iniciativas para mejorar el cumplimiento y la rendición de cuentas, como la Iniciativa Global para Impulsar el Compromiso Político con el Derecho Internacional Humanitario y la Declaración para la Protección del Personal Humanitario. La ley es clara; lo que falta es voluntad política para respetarla.
Las violaciones deben cesar. Las partes en conflicto deben cumplir sus obligaciones, y todos los gobiernos deben usar su influencia y asumir su responsabilidad para poner fin a la impunidad y garantizar el respeto constante del derecho internacional.