Las nuevas medidas de registro de las ONGI de Israel son una grave amenaza para las operaciones humanitarias y el derecho internacional
Las 55 organizaciones abajo firmantes que operan en Israel y el territorio palestino ocupado (TPO) piden una acción urgente de la comunidad internacional contra las nuevas normas de registro israelíes para las ONG internacionales
Estas reglas, fundamentadas en criterios vagos, amplios, politizados y poco definidos, parecen estar diseñadas para ejercer un control sobre las operaciones humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz independientes; para silenciar la defensa basada en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos; y para afianzar aún más el control israelí, así como la anexión de facto del territorio palestino ocupado.
Durante más de un año y medio, las organizaciones humanitarias han seguido operando a pesar de enfrentarse a limitaciones sin precedentes. En 2024, llegaron a millones de personas en todo el territorio palestino ocupado con servicios esenciales, desde alimentos y agua hasta clínicas móviles, asistencia jurídica y educación. Las nuevas normas de registro ahora amenazan con acabar con esta ayuda. Estas medidas van más allá de la política de rutina. Marcan una grave escalada en las restricciones al espacio humanitario y cívico y corren el riesgo de establecer un precedente peligroso.
Bajo las nuevas disposiciones, las ONG internacionales ya registradas en Israel pueden enfrentar la cancelación del registro, mientras que los nuevos solicitantes corren el riesgo de ser rechazados por acusaciones arbitrarias y politizadas, como «deslegitimar a Israel» o expresar su apoyo a la responsabilidad de Israel por las violaciones del derecho internacional. Otros descalificadores incluyen el apoyo público a un boicot a Israel en los últimos siete años (por parte del personal, un socio, miembro de la junta o fundador) o el incumplimiento de los requisitos exhaustivos de presentación de informes. Al enmarcar la defensa humanitaria y de los derechos humanos como una amenaza para el estado, las autoridades israelíes pueden excluir a las organizaciones simplemente por hablar sobre las condiciones que presencian en el terreno, obligando a las ONG internacionales a elegir entre entregar ayuda y promover el respeto por las protecciones debidas a las personas afectadas.
Además, las ONG internacionales deben presentar a Israel cuando soliciten el registro listas completas del personal y otra información confidencial sobre el personal y sus familias. Esto plantea graves problemas de protección, en un contexto en el que los trabajadores humanitarios y de la salud son habitualmente objeto de acoso, detención y ataques directos.
Estas nuevas reglas son parte de una ofensiva más amplia y a largo plazo contra el espacio humanitario y cívico, marcada por una mayor vigilancia y ataques, y una serie de acciones que restringen el acceso humanitario, comprometen la seguridad del personal y socavan los principios básicos de la acción humanitaria. No están aisladas, sino que forman parte de un plan más amplio que incluye:
- Bloquear o retrasar la ayuda a través de restricciones burocráticas arbitrarias, obstáculos logísticos y asedios completos, negando suministros esenciales para salvar vidas a los palestinos.
- Matar a más de 400 trabajadores humanitarios en Gaza, herir y detener a innumerables personas y atacar repetidamente locales, instalaciones o convoyes humanitarios marcados y notificados.
- Aprobar una legislación destinada a restringir las operaciones de UNRWA, el mayor proveedor de servicios básicos para los palestinos.
- Avanzar en la legislación para imponer un impuesto de hasta el 80 % sobre la financiación de gobiernos extranjeros a las ONG israelíes. Esto a la vez que se les impide recurrir al sistema judicial israelí, incluidas las organizaciones que sirven como socios para que las ONG internacionales brinden asistencia y mantengan las protecciones en las comunidades que enfrentan desplazamientos, demoliciones o violencia de los colonos.
- Suspender los visados de trabajo para el personal internacional y revocar los permisos para que los palestinos que residen en Cisjordania accedan a Jerusalén, interrumpiendo gravemente las operaciones.
- Y ahora, condicionando el registro de las ONG internacionales a la alineación política e ideológica, minimizando la neutralidad, imparcialidad e independencia de los actores humanitarios.
Según el derecho internacional humanitario, las potencias ocupantes están obligadas a facilitar asistencia humanitaria imparcial y garantizar el bienestar de la población protegida. Cualquier intento de condicionar el acceso humanitario a la alineación política o penalizar a las organizaciones por cumplir su mandato corre el riesgo de infringir este marco. En 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que permitiera la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza en tres órdenes de medidas provisionales jurídicamente vinculantes. Sin embargo, estas nuevas normas amplían e institucionalizan las barreras existentes a la ayuda.
Hacemos un llamamiento a los Estados, a los donantes y a la comunidad internacional para que:
- Utilice todos los medios posibles para proteger las operaciones humanitarias de las medidas que comprometan la neutralidad, la independencia y el acceso, incluidos los requisitos de la lista de personal, la investigación política y las vagas cláusulas de revocación.
- Tome medidas políticas y diplomáticas concretas más allá de las declaraciones de preocupación para garantizar el acceso humanitario sin obstáculos y evitar el desgaste de la entrega de ayuda fundamentada en principios.
- Apoyar a las ONG internacionales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil palestina e israelí a través de asistencia legal, apoyo diplomático y financiación flexible para ayudar a mitigar los riesgos legales, financieros y de reputación. Los donantes deben defender una labor humanitaria y de derechos humanos fundamentada en principios.
Las 55 organizaciones abajo firmantes recalcan que el compromiso con el proceso de registro para preservar las operaciones humanitarias críticas no debe malinterpretarse como un respaldo a estas medidas.
Estas 55 organizaciones siguen comprometidas con la entrega de ayuda humanitaria, junto con los servicios y actividades de desarrollo y consolidación de la paz, que son independientes, imparciales y se basan en la necesidad, en plena conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios derivados de él. Las ONG internacionales están dispuestas a colaborar con las autoridades israelíes de buena fe en los procesos administrativos, pero no pueden aceptar medidas que penalicen el trabajo humanitario basado en principios o expongan al personal a represalias. Estas medidas no solo socavan la asistencia en el territorio palestino ocupado, sino que también crean un precedente peligroso para las operaciones humanitarias a nivel mundial.