El anuncio de un alto el fuego ofrece un momento de alivio y esperanza que se esperaba desde hace mucho tiempo. Sin embargo, debe marcar el comienzo, no el final, del cumplimiento de las responsabilidades de la comunidad internacional.
Este anuncio de alto el fuego llega en un momento de profunda crisis, cuando la vida en Gaza pende de un precipicio.
Una hambruna provocada por el ser humano se ha afianzado debido al continuo e ilegal bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel, con decenas de miles de niños en riesgo de muerte por desnutrición aguda en los próximos meses. Mujeres, hombres, niños y personas mayores han sido severamente privados de los elementos esenciales necesarios para la supervivencia y la dignidad, incluidos alimentos, agua, combustible, refugio y atención médica.
El bombardeo sostenido e indiscriminado ha asesinado a más de 66.000 personas y mutilado a más de 150.000, dejando discapacitados a al menos 21.000 niños, destruyendo barrios enteros y aniquilando a generaciones de familias. Miles más siguen desaparecidos bajo los escombros. Más del 92% de los hogares, 518 escuelas, así como hospitales, sistemas de agua, educación y medios de vida han sido destruidos, dañados o contaminados con artefactos explosivos sin detonar.
Hoy, 13 de octubre de 2025, se cumplen dos años desde la primera orden de desplazamiento masivo de Israel para 1,1 millones de palestinos en Gaza, una orden que constituye traslado forzoso, un crimen contra la humanidad y una «forma de castigo colectivo prohibida por el Derecho Internacional Humanitario». Desafiando las obligaciones legales internacionales, Israel ha desplazado forzosa y repetidamente a al menos 1,9 millones de personas en Gaza, creando una catástrofe humanitaria en la que niños, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas y heridos luchan por huir, acceder a la ayuda o sobrevivir en condiciones inseguras.
El traslado forzoso afecta a todo el territorio palestino ocupado. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, miles de personas han sido desplazadas desde octubre de 2023. Especialmente preocupante es el desplazamiento masivo de palestinos de los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania, Jenín, Tulkarem y Nur Shams, quienes hasta hoy se les niega el derecho a volver a sus hogares.
El mes pasado, la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que las autoridades israelíes están cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Líderes de importantes grupos de ayuda pidieron a los líderes mundiales que intervinieran tras la conclusión de genocidio de la ONU.
Estos hallazgos desencadenan claras obligaciones legales para todos los Estados de actuar para prevenir una mayor destrucción, garantizar la rendición de cuentas y defender las protecciones garantizadas por el derecho internacional.
El alto el fuego debe garantizar un acceso humanitario seguro y basado en principios, así como la protección de los civiles. Hasta la fecha, el acceso humanitario ha sido sistemáticamente negado o severamente obstaculizado, con cientos de trabajadores de ayuda y personal médico atacados o asesinados. Aunque un mecanismo coordinado por la ONU ha logrado llegar a algunas comunidades pese a las múltiples obstrucciones de las autoridades israelíes, la ayuda se ha distribuido de manera militarizada e insegura, contribuyendo a la muerte de más de 3.000 civiles. Los convoyes humanitarios continúan siendo bloqueados y muchos puentes y carreteras han sido destruidos.
Los esfuerzos diplomáticos con demasiada frecuencia han fallado en defender el derecho internacional y proteger a los civiles. El alto el fuego debe servir como base para una acción sostenida que restaure la protección y el acceso humanitario, permita el retorno seguro y voluntario de los desplazados y garantice la rendición de cuentas.